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El impacto de la sequía en la región catalana ha provocado una oleada de propuestas relacionadas con el sector agroalimentario por parte de los aspirantes a la presidencia en las próximas elecciones el 12 de mayo. La crisis de agua es una preocupación común en todas las agendas políticas, repartiéndose entre soluciones centradas en infraestructuras de riego, relevo generacional, y la gestión de competencias pesqueras.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) aboga por ajustar las regulaciones del Plan Especial de Sequía (PES) para garantizar el suministro de agua en el campo. El partido también tiene la intención de aumentar la infraestructura de riego y llevar a cabo un plan estratégico para la ganadería extensiva. Un punto central de su programa es una «ley de soberanía alimentaria» para asegurar la supervivencia del sector agrícola.

Por otro lado, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) tiene como objetivo aprobar un decreto contra la sequía que incluiría inversiones de hasta 3.500 millones de euros para mejorar los sistemas de riego. El partido también busca incentivar la explotación familiar agraria mejorando la infraestructura, digitalización y apoyando el cooperativismo.

Junts ve en la «soberanía hídrica y resiliencia hidráulica» las herramientas clave para luchar contra la sequía. Apuesta por un plan integral de riego y la reducción efectiva del consumo de agua en el sector agrícola. Además, propone la transferencia de todas las competencias pesqueras a la Generalitat.

Vox, por su parte, propone un Plan Nacional del Agua que incluya la interconexión de todas las cuencas del país. La formación política también aboga por la derogación de la normativa relacionada con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, y prioriza proteger las explotaciones agrarias familiares de los macroproyectos de energías renovables.

La estrategia de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) consiste en revisar el actual Plan Especial de Sequía para asegurar un trato justo hacia el sector agrícola y ganadero. Plantean un modelo agrario que fomente una transición hacia una agricultura y ganadería más eficientes.

Comuns Sumar busca impulsar un modelo de producción agraria y ganadera cercana, evitando el acaparamiento de tierras por grandes propietarios e incentivando el desarrollo de proyectos agroecológicos de secano.

Ciudadanos propone preparar el sistema hídrico de Cataluña para futuros episodios de sequía mediante más desaladoras, más depuradoras, menos pérdidas en transporte y almacenamiento, y una mejora en la interconexión entre cuencas.

Por último, el Partido Popular de Cataluña (PPC) preve una inversión de 1.000 millones de euros a lo largo de cinco años para modernizar los regadíos. También propone una inmediata interconexión entre cuencas y reducir los impedimentos burocráticos que afectan al sector primario.

Sin duda, las próximas elecciones catalanas tendrán en cuenta el campo y su problemática. La sequía como telón de fondo ha influido notoriamente en las propuestas electorales, siendo un punto de interes común para todos los candidatos y partidos. Por lo visto, los votantes tienen ante sí un abanico de opciones dispuestas a combatir esta problemática.

La Comisión Europea hizo público este jueves la extensión hasta fin de año de ciertas medidas que flexibilizan las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales. El objetivo de esta acción es continuar brindando sostén hasta el último día del año a la agricultura, pesca y acuicultura.

Adicionalmente, se ha anunciado una evaluación sobre los límites para aquellas ayudas públicas de «minimis», es decir, las concedidas por los estados miembros sin necesidad del aval de la Comisión Europea, dada su escasa cuantía. Este anuncio responde a las demandas planteadas durante la semana por la mayoría de los ministros de Agricultura de los Veintisiete.

El comunicado emitido por la Comisión anuncia la adopción oficial de una enmienda al marco temporal de crisis y transición. Este marco aligera las regulaciones sobre ayudas estatales y extiende su período en vigor seis meses adicionales, hasta finales de 2024. La razón de ser de estas modificaciones es enfrentar de manera más efectiva las incesantes alteraciones del mercado en los ámbitos de la pesca y la agricultura.

El beneficio de esta extensión permite a los Estados miembros otorgar ayuda limitada a las empresas activas en los sectores agrícola, pesquero y acuícola hasta el 31 de diciembre. No obstante, este aplazamiento no implica un aumento en el umbral de estas asistencias. Así, los países aún podrán brindar hasta 280.000 euros al sector agrícola y hasta 335.000 euros a la pesca y la acuicultura, destinados a empresas afectadas por la crisis actual y por las sucesivas medidas de sanciones y contrasanciones, atribuibles también a Rusia.

De igual forma, la firma del acuerdo implica la revisión de la regulación sobre las ayudas «de minimis». Dichas contribuciones estatales pueden ser otorgadas por los países sin la necesidad de la aprobación previa de la Comisión Europea, gracias a su reducido monto y a su mínimo impacto en la competitividad.

Cabe destacar que varios estados miembros de la Unión Europea respaldaron la propuesta que Alemania presentó esta semana para elevar hasta 50.000 euros el límite de estas pequeñas ayudas.

La iniciativa de revisión de las ayudas «de minimis» se justifica en base a la presión inflacionaria de los últimos años y el actual contexto de elevado costo de las materias primas que inciden directamente en el sector agrícola.

En los términos actuales, las normas permiten a los países otorgar un apoyo público al sector agrícola de hasta 20.000 euros por beneficiario (subiendo hasta 25.000 euros si los Estados miembros mantienen un registro central para el control de las ayudas «de minimis») durante un periodo de tres años sin necesidad de notificación previa a Bruselas.

Este conjunto de acciones muestra el compromiso constante de la Comisión Europea para mantener a flote a sectores clave de la economía en tiempos de crisis.

El sector del tomate en España se encuentra en una situación complicada, envuelto en un torbellino de crecientes importaciones y afecciones de virus en sus cultivos que han llevado a una disminución significativa de la mano de obra y un cambio en las variedades de producción. Como principal protagonista de estos desafíos está Marruecos, país que ha visto un incremento de sus exportaciones de tomate a la Unión Europea (UE) de un 221% en la última década, de 18.045 toneladas en 2014 a 57.926 toneladas en 2023.

La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) ha sido la entidad encargada de procesar los datos de esta situación, la cual no solo afecta a los cultivos sino también al mercado laboral. La importante alza en las importaciones y la prevalencia del virus rugoso de tomate han llevado a una reducción del 43% en la venta de tomate español dentro de la UE.

El presidente de la federación, José María Pozancos, ha señalado que esa invasión de tomate marroquí ha sido un factor determinante en la pérdida de cuota de mercado para el producto español. Podríamos decir que, en esta pelea desigual, el tomate español se ha quedado «contra las cuerdas». Pero, ¿qué está sucediendo realmente en el cuadrilátero?

Pozancos apunta a un sistema de precios de entrada que, según la Fepex, no está resultando efectivo. Se supone que el régimen tiene como finalidad garantizar unos precios mínimos en el mercado comunitario de importación, pero parece que ha habido «concesiones» a Marruecos en el método de cálculo del valor estándar de importación que podrían estar distorsionando el resultado final.

La cooperativa agrícola de tomate más grande de Europa, Casi, ha tenido que adaptarse a este panorama hostil. Según su director general, Juan Jesús Lara, han tenido que transformar su forma de trabajar, cambiando el porfolio de productos con los que trabajan y reduciendo la mano de obra, además de reemplazar nuevas variedades.

Los efectos de este incremento en las importaciones se han sentido en el trabajo del campo y en las empresas productoras, que han tenido que redirigir sus esfuerzos hacia la producción de variedades de tomate más rentables por kilogramo y que requieren menos mano de obra. A su vez, han invertido en más automatización en sus almacenes para cubrir la disminución de personal.

Sin embargo, España no es la única víctima de este fenómeno. Turquía también se ha posicionado como un actor creciente en el mercado de tomate, con un aumento en sus exportaciones del 39,9% respecto a la media de las últimas cinco campañas, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Las fluctuaciones en el mercado global del tomate están llevando a los productores españoles a lidiar con circunstancias adversas para mantener su cuota de mercado y la calidad de su producto. Abordar estos desafíos es fundamental para asegurar el futuro del tomate español en la mesa de todos.

El sector agrario español experimenta una estabilización en los últimos años, a pesar de enfrentarse a múltiples desafíos, entre los que destacan la mejora de las condiciones laborales y la adaptación a la crisis climática.

Según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre de 2024 había 765.800 ocupados en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca en España. Esto supone un 1% menos respecto al mismo periodo del año anterior y un 5% menos si comparamos con la cifra de hace una década.

Por otro lado, la EPA indica que el desempleo en la agricultura ha aumentado levemente en el último trimestre, es decir, entre el período de enero a marzo del 2024. Se estima que unas 128.700 personas están desempleadas en este sector. A pesar de ello, el Ministerio de Trabajo y Economía Social señala que el paro registrado en marzo de este año afecta a 97.264 personas, lo que implica una caída anual del 14%.

La afiliación al Sistema Especial Agrario (SEA) del Régimen General de la Seguridad Social se ha situado en marzo en 678.619 personas. Aunque la cifra es un 1% mayor comparada a febrero, supone un 1,79% menos en comparación con el mismo mes del 2023.

Los temporales, son un sector clave en la agricultura española, aunque sus condiciones laborales siguen siendo complicadas. Vicente Jiménez, responsable del Campo en Comisiones Obreras (CCOO) de Industria, señala que la afiliación ha mermado en los últimos años a causa de la precariedad laboral. Muchos trabajadores han migrado a otros sectores como la hostelería, el comercio o la industria, en busca de mejores condiciones.

Las complicaciones se tornan más evidentes para las mujeres que trabajan en el sector. Aún enfrentan un 38% de eventualidad y sus categorías profesionales figuran entre las más bajas en las explotaciones agrarias. De hecho, si en el sector primario el 26% de la ocupación es femenina, en la industria de la alimentación y las bebidas ese porcentaje sube al 38,2% en general y hasta el 49,3% en áreas como la de investigación y desarrollo (I+D), datos proporcionados por el informe de la patronal FIAB.

Otro reto significativo al que se enfrenta la industria es el impacto de factores adversos como la inflación y la inestabilidad internacional. Dichas variables han causado una retrocesión del 2,6% en la producción de la industria alimentaria española en el 2023. Sin embargo, el número de afiliados ha crecido un 2%, más que en el resto de la industria manufacturera.

Trabajar por la dignificación de las condiciones laborales en el campo, respetar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y ajustar la rebaja de las peonadas en todas las comunidades autónomas para mantener el empleo y evitar el éxodo rural son algunas de las medidas que se deben implementar, según la opinión de los sindicatos.

Esta situación, considerada injusta por la Unión General de Trabajadores (UGT-Fica), de tener los mismos derechos en comparación a otros sectores laborales es la principal motivación de las movilizaciones convocadas en favor de los asalariados del campo. Sebastián Serena, secretario agroalimentario de UGT-Fica, también hace hincapié en la necesidad de renovar los convenios colectivos ya vencidos y agilizar el convenio estatal del campo para regular de manera homogénea las relaciones laborales en todas las comunidades autónomas.

El nivel de agua almacenado en los embalses españoles ha experimentado un ligero descenso durante la última semana, llegando a situarse en un 65,9% de su capacidad total, indican los últimos datos proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Esto representa una disminución de casi un punto porcentual respecto a la semana anterior, cuando la capacidad de embalse se situaba en el 66,6%. A día de hoy, los embalses almacenan un total de 36.953 hectómetros cúbicos de agua.

Las recientes precipitaciones, que han afectado de manera destacada a toda la península, con la excepción de la provincia de A Coruña que ha registrado 51,2 litros de agua por metro cuadrado, no han sido suficientes para evitar esta bajada en la reserva hídrica. A pesar del aumento de lluvias, la reserva ha disminuido en 389 hectómetros cúbicos, lo que representa un 07% de la capacidad total actual de los embalses.

En este sentido, cabe destacar que no todas las regiones presentan la misma variación. Así, las cuencas del sur han experimentado un ligero aumento en su nivel de agua. Concretamente sucede en las cuencas de Guadalete-Barbate, Guadalquivir, Mediterránea Andaluza, y Segura cuyos porcentajes han pasado del 30,6% al 30,7%; del 47,1% al 47,2%; del 31,1% al 31,4 %, y del 24,3% al 24,5%, respectivamente.

En la vertiente opuesta, las cuencas del norte han sufrido descensos esta semana. Así, la cuenca del Cantábrico oriental ha bajado del 89% al 86,3%; también la de Cantábrico occidental que pasa del 89,6% al 86,5%; la de Miño-Sil del 88% al 86,9%; la de Galicia costa del 84,9% al 80,6% por ciento y la del Duero del 92,5% al 91%.

Se mantienen al mismo nivel las cuencas internas de Cataluña al 18,2% y las del País Vasco al 90,5. Sin embargo, se registran ligeros descensos en la cuenca del Ebro del 74,3% al 73,3%; la del Guadiana del 51,7% al 51,5% y la del Júcar del 56,7% al 56,6%.

Estos datos muestran la importancia de seguir trabajando en la gestión del agua, recurso indispensable y cada vez más escaso debido a los efectos del cambio climático.