La Comisión Europea hizo público este jueves la extensión hasta fin de año de ciertas medidas que flexibilizan las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales. El objetivo de esta acción es continuar brindando sostén hasta el último día del año a la agricultura, pesca y acuicultura.
Adicionalmente, se ha anunciado una evaluación sobre los límites para aquellas ayudas públicas de «minimis», es decir, las concedidas por los estados miembros sin necesidad del aval de la Comisión Europea, dada su escasa cuantía. Este anuncio responde a las demandas planteadas durante la semana por la mayoría de los ministros de Agricultura de los Veintisiete.
El comunicado emitido por la Comisión anuncia la adopción oficial de una enmienda al marco temporal de crisis y transición. Este marco aligera las regulaciones sobre ayudas estatales y extiende su período en vigor seis meses adicionales, hasta finales de 2024. La razón de ser de estas modificaciones es enfrentar de manera más efectiva las incesantes alteraciones del mercado en los ámbitos de la pesca y la agricultura.
El beneficio de esta extensión permite a los Estados miembros otorgar ayuda limitada a las empresas activas en los sectores agrícola, pesquero y acuícola hasta el 31 de diciembre. No obstante, este aplazamiento no implica un aumento en el umbral de estas asistencias. Así, los países aún podrán brindar hasta 280.000 euros al sector agrícola y hasta 335.000 euros a la pesca y la acuicultura, destinados a empresas afectadas por la crisis actual y por las sucesivas medidas de sanciones y contrasanciones, atribuibles también a Rusia.
De igual forma, la firma del acuerdo implica la revisión de la regulación sobre las ayudas «de minimis». Dichas contribuciones estatales pueden ser otorgadas por los países sin la necesidad de la aprobación previa de la Comisión Europea, gracias a su reducido monto y a su mínimo impacto en la competitividad.
Cabe destacar que varios estados miembros de la Unión Europea respaldaron la propuesta que Alemania presentó esta semana para elevar hasta 50.000 euros el límite de estas pequeñas ayudas.
La iniciativa de revisión de las ayudas «de minimis» se justifica en base a la presión inflacionaria de los últimos años y el actual contexto de elevado costo de las materias primas que inciden directamente en el sector agrícola.
En los términos actuales, las normas permiten a los países otorgar un apoyo público al sector agrícola de hasta 20.000 euros por beneficiario (subiendo hasta 25.000 euros si los Estados miembros mantienen un registro central para el control de las ayudas «de minimis») durante un periodo de tres años sin necesidad de notificación previa a Bruselas.
Este conjunto de acciones muestra el compromiso constante de la Comisión Europea para mantener a flote a sectores clave de la economía en tiempos de crisis.
