El ámbito agrario español sigue en pie de guerra, con diversas organizaciones del sector primario asegurando que mantendrán sus movilizaciones en el futuro, pese a las diferencias originadas por el plan de 43 medidas presentado por el Gobierno. Asaja, COAG y UPA se encuentran en el eje de esta discordia que busca conseguir mejoras sustanciales para el ámbito agrícola y ganadero a nivel nacional.
El panorama se ha visto aquejado por diferente percepciones ante la propuesta gubernamental. Mientras la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han apoyado al Ejecutivo central tras varias movilizaciones, representantes de las otras organizaciones agrarias ven con escepticismo el plan. Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja), ha criticado a UPA por romper la unidad de acción previamente establecida y acuña falta de representatividad a la Unión de Uniones.
Aun así, el anuncio de futuras movilizaciones está sobre la mesa. Asaja, por su parte, ha manifestado su disposición a continuar con sus protestas coordinadas con COAG y las Cooperativas Agro-Alimentarias. Estas movilizaciones tendrían diferentes objetivos y se están organizando talleres en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha hasta mayo.
Por otro lado, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, aseguró que su organización actuará siempre «con responsabilidad» y afirmó que están «en movilización permanente», ya que consideran que la unidad de acción se refleja en las movilizaciones.
Las demandas del sector giran en torno a una serie de puntos clave, como la reforma de la política agraria común (PAC), la política comercial y las medidas fiscales. La crítica también ha apuntado a la implementación de la estrategia europea de transición ecológica, la política salarial y la cuota a terceros países, que consideran laxa en comparación a las normativas internas.
Las organizaciones agrarias coinciden en apoyar el modelo de producción europeo, pero reclaman precios dignos para sus productos y una legislación que contemple su realidad con menos restricciones. Mediante las futuras movilizaciones y debates, esperan consolidar un entorno más favorable para el desarrollo de la agricultura y la ganadería españolas. Pero sin duda, la discrepancia en el sector primario español deja abierta la interrogante: ¿Habrá un consenso que permita alcanzar los cambios que todos anhelan?
