El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, ha señalado recientemente las dificultades políticas en responder a las demandas de los agricultores. Acusa al Partido Popular (PP) y a Vox de entorpecer las soluciones a las protestas agrícolas, arguyendo que su postura se debe más a intereses políticos y electorales, que a la atención a las demandas del sector primario.
Planas ha destacado que las organizaciones agrarias como Asaja y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se niegan a respaldar las 43 medidas que propone el Gobierno para atender a las reivindicaciones del campo. Según el ministro, estas medidas cumplen con lo que se le ha pedido al Ejecutivo. Para Planas, resulta incomprensible que los grupos agrarios, a pesar de estar apegados a su labor, rechacen este paquete de acciones.
En la misma línea, el ministro sostiene que tiene la «puerta abierta» y la «mano tendida» para que, cuando lo estimen oportuno, estas organizaciones puedan sumarse a las 43 acciones. Asimismo, menciona que se seguirá trabajando en conjunto con el sector.
Dentro de las medidas propuestas, se incluye aplicar las modificaciones de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea (UE), aprobada hace poco tiempo y que busca facilitar, en la práctica, las labores de los agricultores. Asimismo, incorpora apoyos a la financiación, el fortalecimiento de la ley de la cadena y el control de los productos importados.
Después de la recepción de este paquete de propuestas, solo la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Unión de Uniones se han mostrado favorables a las medidas. Sin embargo, el ministro desconoce los motivos de la negativa por parte de Asaja y la COAG sugiriendo que no puede deberse al contenido de las propuestas.
Planas ha recalcado en varias ocasiones la disposición del Gobierno a escuchar y considerar las demandas del sector agrario. Así, afirmó que estos colectivos «quieren ser parte del diálogo europeo» y señaló que, en su opinión, las iniciativas llevadas a cabo por la Comisión Europea hubieran requerido un diálogo más amplio y explicativo con el sector, especialmente en aspectos como la sostenibilidad.
